Cada $ evadido podría haberse invertido en nuestros sistemas de protección social

Publicado el 
04/17/2020

A medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo como fuego, las personas con ingresos bajos o inexistentes sienten su impacto, que pronto será aún más grave. Entre las consecuencias de la Covid-19 en el mundo, se destaca  cómo agravará la pobreza para los que tienen acceso limitado a servicios públicos y protección social y necesitan salir por un ingreso diario para poner comida en su mesa, la mayoría mujeres en el mercado informal.

Los gobiernos están recomendando a los ciudadanos que se queden en casa, que hagan teletrabajo cuando posible. ¿Cuál será la carga de trabajo no remunerado ocupado por las mujeres durante estos tiempos económicos inciertos? Este es un buen momento para que los gobiernos reflexionen y revisen sus sistemas de salud pública y protección social.

La crisis de salud coincidió con la campaña global sobre justicia fiscal para los derechos de las mujeres. Organizada por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, junto con sus miembros y aliados regionales, la cuarta edición fue realizada del 8 al 20 de marzo bajo el tema “Por un sistema fiscal feminista”.

La campaña anual tiene como objetivo reforzar la importancia de los servicios públicos de calidad y sensibles al género que nos deberían ser garantizados por nuestros gobiernos y son esenciales para que los derechos de las mujeres sean una realidad para todas. Los impuestos son la fuente más sostenible de financiamiento para los presupuestos públicos y una herramienta para combatir desigualdades. Para garantizar que nuestros servicios sociales tengan financiamiento, es necesario eliminar prácticas fiscales perjudiciales, inclusive la evasión fiscal.

Los sistemas tributarios internacionales actuales permiten a las corporaciones evadir impuestos, trasladar sus ingresos a guaridas fiscales y facilitar los flujos financieros ilícitos (FFI). Cada año, los países en desarrollo pierden entre 50 y 100 mil millones de dólares en ingresos públicos debido a los FFI.

Debido a esto, los gobiernos no consiguen financiar servicios públicos, protección social e infraestructura para abordar las desigualdades. Esto agrava la pobreza y afecta más a las mujeres pobres y marginadas. Cada centavo perdido para los guaridas fiscales podría haberse invertido en hospitales públicos, escuelas, transporte, agua potable, saneamiento, instituciones o programas que promueven la igualdad de género. La pandemia hace que esto sea aún más urgente.

Este problema está tan arraigado en nuestra vida cotidiana que muchas personas no se dan cuenta de que es sistémico. ¿Alguna vez ha pensado en cómo el trabajo de cuidado no remunerado impacta a las mujeres? Sin poder contar con el apoyo gubernamental, siempre que los niños, las personas mayores, enfermas y/o dependientes necesitan ayuda, las mujeres se responsabilizan por ellos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres realizan 76,2% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que está valorado en casi 11 billones de dólares al año.

Al responsabilizarse por el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, las mujeres apoyan a nuestras comunidades y sostienen la economía de nuestros países, pero esto tiene consecuencias negativas para nuestra autonomía económica. Es por esta razón que necesitamos promover la redistribución de este trabajo: es esencial que las mujeres puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos.

África pierde aproximadamente 50 mil millones de dólares al año debido a los FFI, un fenómeno que sigue empobreciendo a las mujeres y las niñas que tienen acceso limitado a la educación, a la atención médica, al agua potable, al saneamiento y a la seguridad. África ya no puede permanecer callada e indiferente al problema causado por los IFF.

Una investigación de FEMNET sobre las dimensiones de género trae un ejemplo de incentivos fiscales en Sierra Leona, donde a las empresas internacionales se les otorgaron exenciones fiscales de 224 millones de dólares en 2012, equivalente al 55% de los ingresos del gobierno, ocho veces el presupuesto de salud y siete veces lo de educación.

Para que la igualdad sea una realidad para todos, necesitamos cambios significativos en nuestro sistema financiero global. Cuando un país no puede financiar su propio desarrollo y gasto social debido al pago de la deuda, incentivos fiscales, medidas de austeridad y déficit presupuestarios, las mujeres y las niñas son las más afectadas. Esta injusticia sistémica es lo que denunciamos no solo en nuestra campaña, sino durante todo el año.

Si bien reconocemos que hemos tenido progreso en los últimos años, nos dedicamos durante la campaña a revisar las promesas hechas a las mujeres y evaluar los resultados. Aprovechamos este momento para expresar inquietudes y demandas, como detener los FFI y otras prácticas fiscales nocivas, además de eliminar la discriminación de género en las políticas y leyes fiscales, presentes en sistemas fiscales que proporcionan deducciones automáticas para los dependientes de hombres, pero exigen circunstancias especiales para que mujeres puedan acceder a los mismos beneficios.

De acuerdo con el informe de FEMNET, en 2012, el 36% de las niñas y el 31% de los niños en África subsahariana no frecuentaban una escuela. No obstante, en algunos países africanos como Angola, Etiopía, Guinea y Malí, la diferencia entre la tasa de niñas y niños escolarizados fue superior al 15%. Las niñas enfrentan el desafío del matrimonio a temprana edad y del embarazo precoz. También enfrentan a una falta de infraestructura escolar favorable al género, como agua e instalaciones de saneamiento separadas, sobretodo las niñas que han alcanzado la edad de la pubertad.

Particularmente en materia de salud, en muchos países africanos, la atención médica se financia a partir de una combinación de fuentes, como los ingresos del gobierno, el seguro privado y los gastos de bolsillo. En la mayoría de los países africanos, los gastos de bolsillo exceden el gasto público en salud. Como las mujeres tienen menor capacidad de pagar, los gastos de bolsillo refuerzan la desventaja de las mujeres en el acceso a la atención médica. Esta es una de las muchas razones por las que exigimos un aumento en la asignación de ingresos fiscales para infraestructura y servicios sociales sensibles al género.

Queremos que la esfera pública y los responsables políticos vean la justicia fiscal como parte integral de la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Queremos enseñar a nuestros líderes gubernamentales, que deberían actuar sobre estas injusticias sistémicas, que este movimiento está creciendo y que las mujeres ya no tolerarán estos sistemas fiscales opresivos.

Este año, la campaña “Por un sistema fiscal feminista” coincidió con los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. A solo 10 años de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, este fue un recordatorio de que necesitamos transformar las barreras estructurales que son obstáculos para la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, inclusive las de género.

El Foro Económico Mundial ha informado que a esta velocidad actual, nos tomaría 202 años para cerrar la brecha de género en la participación económica. ¿Debemos esperar tanto tiempo para crear sistemas que funcionen para todxs? ¿Sistemas que no fallan a las mujeres? Ya sabemos que los sistemas tributarios injustos amenazan la realización de los derechos humanos de las mujeres y la Agenda 2030. Como se afirma en el informe Push no one behind, sin una reforma fundamental a la formulación de políticas económicas, la Agenda 2030 y otros planes para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres seguirán siendo una aspiración distante.

Los impuestos son una parte esencial de la gobernancia y su propósito es aumentar los ingresos para las inversiones públicas, redistribuir la riqueza y permitir una representación adecuada. Las mujeres necesitan que los sistemas fiscales y de distribución funcionen mejor. Los impuestos deberían servir para generar ingresos para el desarrollo. Sectores sociales como salud, educación y protección social necesitan una asignación presupuestaria adecuada para que un país se desarrolle equitativamente. La pandemia de coronavirus solo aumentará estas desigualdades y hace que su reparación sea más esencial que nunca.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en Open Democracy.

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